Equilibrio fiscal: un dibujo libertario
Dieguito pagaba rigurosamente todos los meses los gastos de su tarjeta de crédito y de un día para el otro dejó pagar. A partir de ese momento, empezó a tener más plata en su billetera, pero al mismo tiempo comenzó a deberle a la tarjeta de crédito. A simple vista, pareciera que Dieguito tiene un superávit en sus cuentas personales. La realidad es otra, ese superávit es falso, porque ese dinero no está usando para el fin que debería: saldar deudas.

Días atrás, la prensa nacional puso la lupa sobre los fondos fiduciarios: afirman que el Gobierno de Milei retuvo casi 4.000 millones de dólares para disimular el equilibrio fiscal.
El Instituto Consenso Federal estimó que los fondos fiduciarios estatales acumularon superávits por más de 3.000 millones de dólares entre 2024 y 2025, y proyectó otros 956 millones de dólares para 2026. El relevamiento cuestiona que parte de esos recursos no se haya destinado a su asignación específica y haya sido derivada a inversiones financieras.
El informe toma como base los informes de “Ejecución Presupuestaria de los Fondos Fiduciarios del Estado Nacional”, que publica la Secretaría de Hacienda, dependiente del Ministerio de Economía. Según el trabajo de investigación, en 2024 el superávit de todos los fondos fiduciarios alcanzó el equivalente a 2.030 millones de dólares, medido al valor promedio anual del dólar de ese año.
Para 2025, el excedente informado fue de 973 millones de dólares, también calculado al valor promedio anual del tipo de cambio. A eso se suma el primer trimestre de 2026, cuando el superávit de los fondos fiduciarios llegó a 239 millones de dólares. Según el Instituto Consenso Fiscal, la proyección para todo el 2026 se estima en 956 millones de dólares.
El informe recordó que el Gobierno de Milei había anunciado al inicio de la gestión su objetivo de eliminar los fideicomisos públicos por más de 2.000 millones de dólares, a los que había definido como “una caja de la política. Sin embargo, según el relevamiento, los fondos fiduciarios que siguen vigentes continuaron acumulando recursos por encima de sus gastos ejecutados.
La crítica central del documento publicado por el Instituto Consenso Federal no apunta únicamente a la existencia de superávit, sino al destino de los recursos, ya que parte de los mismos no habrían sido ejecutados conforme a la asignación específica que dispone la ley sino que se habrían destinado a inversiones financieras.
¿Adónde va la plata de los fondos fiduciarios?
El periodista Hugo Alconada Mon destacó en una reciente nota que durante los dos primeros años de la presidencia de Javier Milei, los fondos fiduciarios que siguen en funcionamiento pleno o remanente recaudaron más de 8,2 billones de pesos y acumularon un superávit cercano a los 3.000 millones, aunque sólo una parte de lo recaudado se destinó durante 2024 y 2025 a los objetivos que fija la ley. Un porcentaje muy elevado de los mismos fue colocado en letras y títulos públicos para sostener el declamado “déficit cero”, según surge de los balances contables, planillas presupuestarias e informes de la Jefatura de Gabinete y de la Oficina Nacional de Presupuesto analizados.
Los datos oficiales reflejan que el superávit financiero de esos fondos ascendió a 1,86 billones de pesos durante 2024 y a 1,23 billones de pesos durante 2025, cifras que equivalen a 1.978 millones de dólares y 973 millones de dólares, respectivamente, al tipo de cambio oficial promedio de cada año.
Además, los fideicomisos ejecutaron apenas el 55,8% de lo que recaudaron durante 2024. El año pasado, el 69,5%. Y durante el primer trimestre de este año, el 69,7%. El resto terminó en colocaciones financieras que dispone el Ministerio de Economía.
De los datos analizados por Alconada Mon, surge que el Estado planificó poner en instrumentos financieros un 40% más de lo que planificó destinar a los fines específicos de cada fondo.
El periodista toma los números del Sistema de Infraestructura de Transporte como un ejemplo concreto: se espera que registre 2,15 billones de pesos en gastos corrientes y 692.669 millones de pesos en gastos de capital. Y proyecta inversiones financieras por 751.481,7 millones de pesos, según las planillas oficiales del Presupuesto 2026, lo que equivale al 99,97% del resultado financiero previsto.
En otras palabras, de cada 1.000 pesos de excedente, 999 están asignados a colocaciones.
Durante el primer trimestre de este año, el Sistema de Infraestructura de Transporte ya registró 636.155 millones de pesos de ingresos corrientes. Colocó 305.111 millones en inversiones financieras y desarmó posiciones por 107.984 millones de pesos. Lo que arroja una colocación neta de 197.127 millones de pesos: 2,7 veces lo que el fondo destinó a obras en el mismo período.
Lo del fideicomiso del transporte no es un caso aislado. El Fondo de Infraestructura Hídrica recaudó 399.541 millones de pesos entre enero de 2024 y marzo de 2026, pero gastó apenas 99.761 millones de pesos en el mismo período, el 25% de los recursos disponibles, según los informes de la Oficina Nacional de Presupuesto que cotejó Alconada Mon. La pregunta que nos hacemos todos es ¿qué hizo el gobierno de Milei con el dinero acumulado? Al igual que los otros fondos fiduciarios, lo colocó en letras del Tesoro, plazos fijos y depósitos a la vista.
Para este año, en tanto, el Ministerio de Economía proyecta más de lo mismo en el fondo que, por ejemplo, debe solventar obras como las de la cuenca del río Salado, en la provincia de Buenos Aires, cuya ejecución permanece rezagada.
Los otros cuatro fideicomisos activos completan el cuadro. El Fondo de Garantías Argentino (Fogar) tiene previsto para 2026 un resultado financiero positivo de 431.486 millones de pesos. El Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina proyecta 47.459 millones; el Fondo de Promoción de la Economía del Conocimiento (Fonpec), 842,5 millones de pesos; y el Fondo de Energías Renovables (Foder), 2.752 millones de pesos. En los cuatro casos, el Presupuesto asigna el 100% del excedente a inversión financiera.
En el caso del SisVial, el Diario La Nación, reveló el domingo pasado que durante los primeros cinco meses de 2026 solo se ejecutó la cuarta parte de lo recaudado para obras y que al 31 de mayo la cartera de inversiones financieras había trepado a más de 1 billón de pesos, entre títulos públicos y plazos fijos. Y el vocero presidencial Adrián Ravier reconoció públicamente que el Gobierno de Milei utiliza recursos del sistema vial para contribuir al objetivo de “lograr el equilibrio fiscal”, pese a que el régimen que creó el fondo establece un destino específico para esos recursos: construcción, mantenimiento, conservación y mejora de rutas nacionales.
Pero el contraste entre las inversiones financieras que dispone ilegalmente el Ministerio de Economía con el estado de la red vial resulta particularmente incómodo. Un relevamiento de la Federación del Personal de Vialidad Nacional (FePeViNa) cruzó 22 accidentes ocurridos durante junio y julio con indicadores oficiales sobre el estado de las rutas y contabilizó 29 muertes. De los 17 casos para los que existían datos sobre el Índice de Estado (IE), 11 (EL 64,7%) ocurrieron en tramos calificados como “malos”.
El relevamiento, cabe aclarar, no permite atribuir de manera directa cada muerte al estado de las rutas: los siniestros son multicausales y también intervienen factores humanos, climáticos y de tránsito. Pero sí muestra una concentración significativa de accidentes fatales en corredores que la propia Dirección Nacional de Vialidad califica como deteriorados.
La pregunta que nos hacemos todos ya no es cuánto recauda cada fideicomiso ni cuánto ejecuta. Es qué ocurre con el dinero que queda en el medio: cuánto coloca financieramente el Ministerio de Economía, cuánto se transfiere al Tesoro durante las liquidaciones y cuánto llega efectivamente al destino específico que justificó la creación de cada fondo.
¿A que costa estamos pagando los argentinos el dibujo del equilibrio fiscal que nos vende el Gobierno Nacional? A la gente se le cobra el impuesto cada vez que carga combustible, pero el dinero va para otro lado. Mientras tanto se agrava el deterioro de las rutas y crece la preocupación por las consecuencias de la falta de inversión.
(*) Abogado. Diplomado en Manejo de Crisis y en Análisis de Procesos Electorales. Especializado en Comunicación de Gobierno y Electoral. Becario de la Fundación Konrad Adenauer (Alemania) y del Centro de Análisis y Entrenamiento Político (Colombia).












