El “deslomado” cada vez más complicado: denunciaron a Adorni por no declarar una lujosa casa en un country
La situación judicial del vocero presidencial Manuel Adorni suma un nuevo capítulo y vuelve a poner bajo la lupa su patrimonio. En las últimas horas se conoció una ampliación de denuncia por presunto enriquecimiento ilícito que apunta a la existencia de una vivienda de alto valor que no habría sido declarada ante los organismos correspondientes.
La presentación fue impulsada por una diputada libertaria opositora y menciona indicios sobre una casa de dos plantas ubicada en el Country Indio Cuá Golf Club, en el partido bonaerense de Exaltación de la Cruz. Según el escrito judicial, la propiedad —situada cerca del hoyo 17 del predio— no figura en ninguna de las declaraciones juradas que el funcionario presentó ante la Oficina Anticorrupción.
El planteo suma además una posible inconsistencia adicional: las expensas del lote estarían registradas a nombre de su pareja, lo que podría evidenciar un vínculo patrimonial que tampoco habría sido informado formalmente.
En su última declaración jurada correspondiente a 2024, Adorni consignó únicamente la titularidad del 50 por ciento de un departamento en la Ciudad de Buenos Aires y la propiedad total de otro inmueble en La Plata. No hay menciones a countries ni a desarrollos inmobiliarios de alta gama, donde las viviendas pueden cotizar entre 129.000 y 249.000 dólares.
La denuncia no se limita a la posible omisión de bienes. También cuestiona la relación entre los ingresos públicos del funcionario y su nivel de gastos, señalando presuntos alquileres en zonas exclusivas, la eventual construcción de la vivienda mencionada, viajes de alto costo —como un vuelo privado a Punta del Este valuado en unos 10.000 dólares— y pasajes internacionales en clase premium que superarían los 5.000 dólares.
Todo esto, según la presentación judicial, contrasta con un dato llamativo: sus ahorros declarados se habrían mantenido sin variaciones significativas durante los últimos dos años, ubicándose en torno a los 48.720 dólares.
La causa tramita en el Juzgado Federal N.º 1, donde ya se investigan posibles delitos como enriquecimiento ilícito, falsedad ideológica e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Entre las medidas solicitadas figuran pedidos de informes a organismos estatales, entidades bancarias, la Unidad de Información Financiera y una eventual inspección ocular en el country señalado.
Mientras tanto, el caso abre un nuevo foco de tensión política y vuelve a instalar el debate sobre la transparencia patrimonial dentro del Gobierno, especialmente en figuras que construyeron su discurso público cuestionando los privilegios y el comportamiento de la llamada “casta”.
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