Dos ex policías fueron notificados por Gendarmería en Posadas y enfrentan una causa por usar uniformes oficiales mientras mantienen su protesta.

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El conflicto de los policías dados de baja en Misiones suma un nuevo capítulo. Dos ex efectivos continúan esposados y encadenados desde hace más de una semana frente a la Casa de Gobierno, en pleno centro de Posadas, en el marco de un reclamo que no obtiene respuestas oficiales.

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Este domingo 12 de abril, alrededor de las 18 horas, personal de la Unidad de Investigaciones y Delitos Complejos de Gendarmería Nacional los notificó formalmente por disposición del Juzgado de Instrucción N.º 2, a cargo del juez Juan Manuel Monte.

Los manifestantes, identificados como Adolfo Guirula y Diego Correa, fueron imputados en una causa por usurpación de títulos, honores e insignias, luego de ser detectados utilizando uniformes reglamentarios pese a haber sido dados de baja de la Policía de Misiones mediante el Decreto Provincial N.º 2084/24.

Según relataron, la intervención de Gendarmería se dio durante el fin de semana. “Es nuestro octavo día frente a Casa de Gobierno. Gendarmería vino por directiva de un superior y nos notificó porque en el sistema seguimos figurando como policías”, explicó Correa, quien además calificó la situación como “contradictoria”.

En ese sentido, los ex efectivos denunciaron la falta de respuestas por parte de las autoridades y aseguraron que existe una denuncia impulsada desde la propia fuerza policial. “Ningún funcionario da la cara”, remarcaron, en medio del malestar creciente.

Por su parte, Guirula describió el desgaste tras varios días de protesta: “Estamos agotados, pero seguimos en la lucha. El fin de semana la pasamos bajo la lluvia, mojados, pero no vamos a bajar los brazos”.

Los manifestantes insisten en que continuarán por la vía legal para recuperar sus puestos de trabajo y reclaman instancias de diálogo, al tiempo que cuestionan decisiones judiciales y aseguran que no fueron recibidos por la cúpula policial.

Desde la Justicia aclararon que la notificación realizada por Gendarmería no implica detención ni medidas restrictivas, sino la formalización de la causa penal en curso.

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