Cerró Le Utthe en Posadas y apuntan a una multa millonaria del Municipio
La histórica tienda Le Utthe bajó sus persianas en Posadas después de 30 años de presencia, en una decisión que generó fuerte repercusión en el ámbito comercial y político de Misiones. Desde la empresa aseguran que la medida responde directamente a la presión impositiva provincial y municipal, en un contexto económico ya complejo.
El gerente comercial, Ignacio Guerrieri, fue contundente al explicar el trasfondo de la decisión: la situación se volvió insostenible tras la imposición de una multa millonaria por parte del municipio. Según detalló, la sanción rondaba los 190 millones de pesos, una cifra que calificó como “una locura” para una empresa del rubro.
La firma, que opera bajo un modelo integrado de producción y venta con precios competitivos —incluso frente al mercado paraguayo—, venía sosteniendo su actividad pese a la caída del consumo. Sin embargo, la acumulación de costos fijos, sumada a lo que consideran una carga fiscal excesiva, terminó inclinando la balanza.
Desde la compañía también desmintieron versiones que circulaban sobre el costo del alquiler del local, aclarando que se encontraba dentro de los valores habituales del microcentro posadeño. El punto de quiebre, insisten, fue la multa y la obligación de actuar como agente de percepción en una tasa que —según argumentan— no correspondía a su tipo de operación comercial.
El cierre deja además un mensaje hacia el Estado: la necesidad de generar condiciones más favorables para quienes invierten y generan empleo. En este caso, seis trabajadores quedaron afectados, aunque la empresa ofreció reubicación en otras sucursales del país.
La salida de Le Utthe reaviva un debate de fondo en Misiones: el impacto del esquema impositivo sobre la actividad privada. Un tema que desde hace años genera cuestionamientos en sectores empresariales y que ahora suma un caso concreto con fuerte visibilidad.
Tal como expone Martín Boerr en Plan B, la empresa no sólo decidió cerrar por la multa puntual, sino también para “dar una señal” frente a un sistema que, según plantean, no acompaña al sector productivo en tiempos de crisis. La sanción —de $189.387.599,54— fue considerada desproporcionada y terminó acelerando una decisión que, aseguran, ya venía madurándose ante un contexto fiscal cada vez más exigente.












